17 de agosto de 2018

A pesar de la presión para que el Tribunal Superior Electoral (TSE) acelere el proceso de juzgamiento de un posible pedido de impugnación de la candidatura del ex presidente Luiz Inácio Lula de Silva, la Justicia Electoral tiene plazos legales a cumplir y, en última instancia, la palabra final es del Supremo Tribunal Federal (STF). En las elecciones de 2016, 145 candidatos se inscribieron y participaron en las elecciones estando enjuiciados, finalizado el proceso electoral, 70% de ellos consiguieron revertir la desestimación de sus candidaturas.

El Partido de los Trabajadores inscribe la candidatura de Lula este miércoles (15) en el TSE, realizando un gran acto político en Brasilia. Tres columnas reunieron 5 mil integrantes del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST), que se encontraron en la capital federal con miembros de diversos movimientos sociales y líderes políticos en defensa de la libertad del ex presidente y de su derecho a ser candidato. La expectativa es reunir hasta 30 mil seguidores de Lula. Con la intención de sensibilizar al Poder Judicial, siete militantes están en huelga de hambre hace 15 días.

Para el abogado Fernando Amaral, especialista en Derecho Electoral, la previsión del tránsito en juzgado y la presunción de inocencia, previstos en la Constitución Federal, tienen prevalencia sobre los dispositivos contenidos en la Ley de Ficha Limpia, principalmente porque los recursos relativos a la condena en el caso del triplex de Guarujá (SP) aún no se agotaron. “El hecho que me parece evidente, en el caso del presidente Lula y en el caso de las otras elecciones, es que la cláusula constitucional, que define la pérdida de los derechos políticos e impide candidaturas, es una cláusula que exige agotar todas las instancias del juicio. No es el caso del presidente Lula”, afirma.

Según Amaral, al mismo tiempo que existe el entendimiento de que la decisión en segundo grado vuelve al candidato inelegible por ocho años, también es verdad que al no haberse agotado todas las instancias, se abre la posibilidad de revertir la situación jurídica. “Si es verdad que la Justicia Electoral juzgó y aplicó la Ley de Ficha Limpia, también existe otro precedente”, dice. “Vamos a suponer que el proceso del presidente Lula fuera juzgado por algunas de las instancias en ese momento y tuviese algún tipo de reversión, eso no es imposible que suceda.  ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos sacar a un candidato escogido con base en qué?”, indaga.

Según Amaral, la posibilidad de que la Justicia Electoral desestime de oficio o inclusive rápidamente el pedido de inscripción de la candidatura de Lula irá manchar el proceso electoral. “El Poder Judicial tiene que tener mucha responsabilidad en el juzgamiento de ese pedido de inscripción del presidente Lula porque no puede en ese caso tener un tratamiento absolutamente diverso de la tradición de la jurisprudencia que existe”, afirma al defender que la Justicia Electoral, inclusive, leve en consideración las pruebas de inocencia presentadas por los abogados de Lula en relación al caso triplex. “Cualquier posibilidad para hacer de oficio, como acelerar, me parece absolutamente arriesgado para el proceso democrático”, completa.

Al hacer críticas al activismo del Poder Judicial, el abogado va más allá y defiende que soberanía popular, una vez que Lula está en primer lugar disparado en las encuestas de intención de voto, sea tomada en cuenta. “Tenemos un problema objetivo en el proceso judicial brasileño, que es ese activismo que absolutamente notable en los últimos años. El Poder Judicial, desgraciadamente, se ha posicionado en varios momentos, antes de que el caso concreto llegue para análisis de los jueces, de los magistrados, eso además de ser peligroso, en la teoría del buen derecho lastima la ecuanimidad de los jueces”, afirma.

“Quien tiene que decidir quien gobernará es el pueblo, aquel que la Constitución determina quien va a escoger quien va a gobernar por los próximos años es el voto. Sin permitir ese debate, queda evidente que el presidente fue impedido del derecho de postular a su candidatura”, añade. Fernando Amaral enfatiza además que el STF tiene el deber de enfrentar esa cuestión “independientemente de la cuestión jurídica”. “Si el presidente Lula va a segunda vuelta eso tiene un significado importante […], no da para decir que la población no sabe lo que sucedió, la población juzgó y ahí ¿nosotros no vamos a discutir en ningún momento la soberanía popular?”, cuestiona.

Por más que el TSE sea ágil, conforme parecer jurídico encomendado por el PT, inclusive cumpliendo los plazos mínimos, la decisión más rápida posible ocurriría hacia la mitad de la campaña, cerca de 25 días después de la inscripción.

Los alcaldes que estaban siendo procesados, en las últimas elecciones fueron electos sin que siquiera hubiera decisión sobre sus candidaturas. Hubo casos en que la Corte demoró 150 días para valorar. Con base en esos datos, el PT pretende llevar la candidatura del ex presidente Lula adelante, inclusive porque sus derechos políticos no están casados, lo que está garantizado por la Constitución. Vale recordar que, inclusive durante el proceso de juzgamiento de la impugnación, el puede hacer campaña y, a partir de la inscripción, Lula puede participar en debates y conceder entrevistas.

En caso de que el TSE decida impedir que Lula participe sobre la base de la Ley de Ficha Limpia, el líder petista todavía tiene el derecho de apelar al STF, pero el partido tendrá una encrucijada por delante, pues la legislación electoral determina el 17 de septiembre, como el plazo final para el cambio de candidatos a la Presidencia. Hasta esa fecha el partido tendrá que escoger entre sustituir a Lula o apelar. En la segunda hipótesis, existe oportunidad legal de que el nombre del ex mandatario, líder en las encuestas, figure en las urnas electrónicas, incluso preso. En caso de victoria, un dispositivo previsto en la Ficha Limpia asegura este derecho hasta la posesión del candidato electo. Y esa debe ser la opción de Lula y del PT.

Edición: Rafael Tatemoto | Traducción: Pilar Troya

 

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