[Brasil] Inician huelga de hambre por la libertad de Lula
2 ago CI.- Integrantes de los Movimientos Populares en Brasil iniciaron huelga de hambre el martes 31 de julio a las 4:00 pm, por tiempo indeterminado, frente al Supremo Tribunal de Brasil -STF-, en protesta por la liberación del expresidente Lula, que es preso político hace 116 días.
La huelga de hambre es organizada por los movimientos que integran la Vía Campesina en Brasil. Esta acción hace parte de la Jornada Nacional de Luchas por la democracia y la liberación del expresidente Luís Inácio Lula da Silva.
Vilmar Pacífico, Jaime Amorim y Zonália Santos, del Movimento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra –MST-; Frei Sérgio y Rafaela Santos de Movimiento de los Pequeños Agricultores -MPA-; Luiz Gonzaga de la Central de los Movimientos Populares (CMP), componen el grupo de huelgistas. Otros movimientos se suman a esta lucha como el Consejo Indígena Misionero –CIMI- y el Movimiento de los Afectados por Represas –MAB-.
“Estoy haciendo esta huelga de hambre, pues aún tengo la opción de decidirlo, para que en el futuro otros no pasen hambre, no vayan a morir de hambre, pues nuestro país está tomando un rumbo muy complicado y difícil”, explica Zonália Santos integrante del MST en Rondonia.
Para Frei Sérgio del MPA en Rio Grande del Sur, “La situación de desgracia y desespero que vive nuestro Pueblo tiene muchas causas económicas y sociales, pero los agentes directos que manejan la masacre, la injusticia y la destrucción de la Constitución, tiene nombre y apellido, ellos son los responsables de que estemos en esta Huelga de Hambre entre ellos el Juez Sérgio Moro, los desembargadores João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen y Vitor Laus; los hermanos Marinho, dueños de las organizaciones Globo; los Ministros y Ministras, Luiz Edson Fachin, Carmem Lúcia, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luís Fux y Alexandre Moraes”.
La Vía Campesina Brasil excluyó de las responsabilidades a los cinco ministros que votaron por la garantía de la presunción de inocencia, entendiendo que nadie debe ser privado de la libertad hasta que se determine en la última instancia la condena.