“Estamos hablando de una afrenta al Estado de Derecho”, afirma abogado de Lula tras decisión del TRF4

En entrevista concedida a la periodista Candisse Matos el pasado sábado 8 de mayo, el abogado del expresidente Lula da Silva, Cristiano Zanin, comentó la decisión del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4), de rechazar una apelación presentada por la defensa y mantuvo la condena de Lula en el caso del rancho de Atibaia.

La apelación, o recurso de aclaración, solicitaba que el tribunal llevara a cabo un análisis de las diversas irregularidades del caso. De acuerdo con Zanin, la decisión de rechazarla reafirma la injusticia y la arbitrariedad de la condena a Lula y pone en evidencia la falta de respeto al Estado de Derecho en el país.

En 2019, Lula fue condenado bajo el argumento de que se habría beneficiado de remodelaciones financiadas por las constructoras OAS, Schahin y Odebrecht en un rancho que no es de su propiedad, registrado a nombre de Fernando Bittar. La acusación, presentada por la operación Lava Jato de Curitiba, alegó que, Lula, a cambio, habría actuado para favorecer a esas empresas con contratos públicos, aunque la propia Lava Jato no fue capaz de señalar cuáles serían esos actos ilícitos que habría cometido el expresidente.

Además de la fragilidad central del proceso, la defensa de Lula señala varios otros vicios en la apelación rechazada por el TRF4 el día 6 de mayo. Entre ellos Zanin destacó el hecho de que el expresidente fue absuelto en otro proceso bastante similar, pero que estaba en curso fuera de la operación Lava Jato, con la anuencia del Ministerio Público, inclusive. El abogado recordó también que los análisis periciales realizados al sistema de Odebrecht comprobaron que el valor que la parte acusadora afirma que se destinó a la remodelación se retiró, en realidad, a favor de un ejecutivo de la misma constructora.

Durante la entrevista, Zanin subraya que estos vicios son parte de la naturaleza persecutoria de la operación. “En lo que respecta a la operación Lava Jato de Curitiba, no hay, en realidad, ninguna acusación o condena que se base en pruebas. Lo que hay es un uso estratégico del derecho con fines de persecución política. Eso es lo que nosotros, desde hace mucho tiempo, presentamos como lawfare, es decir, el uso estratégico del derecho para perseguir y deslegitimar a una persona. Y el caso del presidente Lula es un caso emblemático de lawfare”, afirmó el jurista.

Vaza Jato
El abogado observa que, gracias al escándalo de las filtraciones conocidas como Vaza Jato, la opinión pública ha ido vislumbrando gradualmente las injusticias que la operación a cargo de Deltan Dallagnol, mundialmente famoso debido a su controvertido Power Point, cometió contra Lula.

El escándalo tuvo lugar en junio del año pasado, cuando The Intercept Brasil publicó una serie de reportajes basados en la filtración de mensajes intercambiados entre el entonces juez Sergio Moro y los procuradores responsables por la acusación contra Lula da Silva. Estos reportajes despertaron una reacción internacional, pues pusieron en evidencia el hecho de que Moro orientó la investigación en contra del expresidente.

Perplejos, algunos de los principales juristas del mundo recrudecieron sus críticas a la forma en que se condujeron los procesos contra Lula tras las revelaciones, y llegaron a emitir un manifiesto denunciando el proceder de Moro y solicitando que el Supremo Tribunal Federal asegurara el respeto a la Constitución brasileña. “Esto demuestra que, en efecto, es necesario observar el caso del presidente Lula con mucha atención, porque está desprestigiando al sistema brasileño de justicia a nivel internacional.”

Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
Los mensajes publicados por The Intercept también dejaron claro que tanto los procuradores como Moro trabajaron activamente para impedir que Lula participara en las elecciones presidenciales de 2018. De acuerdo con las filtraciones, Moro incluso recibió una invitación a formar parte del gobierno de Jair Bolsonaro cuando apenas se estaba realizando la campaña electoral.

En ese entonces, el Comité de derechos Humanos de la ONU emitió una decisión en la que se exigía que la justicia brasileña garantizara el ejercicio de los derechos civiles y políticos de Lula da Silva. No obstante, aun así se le impidió al expresidente presentarse como candidato.

Dicho organismo ha observado el curso de la situación de Lula desde 2016, cuando la defensa del expresidente inició un proceso en el despacho del Alto Comisariado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, para que se analizaran las violaciones a las garantías fundamentales de Lula cometidas durante la operación Lava Jato. “El comité constató que, ante todos esos elementos que nosotros ya habíamos presentado, no había indicios de que el presidente Lula estuviera teniendo derecho a un juicio justo. Por eso se concedió aquella resolución preliminar, que lamentablemente no fue cumplida por Brasil”, añade.

Zanin informa que, al igual que otros juicios de apelación aquí en Brasil, el proceso de Lula en el Comité de Derechos Humanos de la ONU se encuentra temporalmente suspendido debido a la pandemia de Covid-19.

Traducido por Colectivo Regina de Sena México-Brasil contra el golpe.