La Operación Lava Jato no ha sido una solución mágica

Brasil atraviesa diversas crisis al mismo tiempo: la catastrófica situación de salud, la frágil economía y la extrema polarización política. Ahora podemos agregar a la lista la corrupción del sistema judicial. Antes no había motivos para ello. Hace siete años, los brasileños tenían muchas esperanzas, cuando un joven magistrado llamado Sergio Moro inició una operación anticorrupción llamada Lava Jato.

De la noche a la mañana y con el apoyo del sistema judicial y los medios de comunicación, Moro y los fiscales a cargo de dicho operativo, aparentemente actuaban para salvar a Brasil. En corto tiempo, sus esfuerzos arrojaron resultados impresionantes: se recuperaron millones de dólares y se detuvo a varios políticos y empresarios de alto rango, culminando con la detención del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en abril de 2018.

¿La operación Lava Jato demostró que la justicia podría acabar con la corrupción que es endémica en Brasil, o fue solo un cuento de hadas para encubrir otros intereses políticos? En las últimas semanas se ha dejado al descubierto el lado oscuro de Lava Jato y se ha extendido por todo el país un sentimiento de profundo desencanto con la denominada “República de Curitiba”, que lleva el nombre de la capital de Paraná, donde tenía su base dicho grupo de trabajo. La operación Lava Jato se presentó como la investigación anticorrupción más grande del mundo, sin embargo, se ha convertido en el mayor escándalo judicial de la historia de Brasil. Cuando el grupo de trabajo se disolvió, el día 1 de febrero de este año, casi nadie salió a las calles ni a las redes sociales para lamentar su desaparición.

En lugar de erradicar la corrupción, de lograr una mayor transparencia en la política y fortalecer la democracia, la ahora notoria operación Lava Jato allanó el camino para que Jair Bolsonaro llegara al poder, luego de eliminar de la carrera presidencial a su principal rival, Lula da Silva. Esto contribuyó para llegar al caos que hoy vive Brasil.

Los fiscales de Lava Jato atribuyeron sus éxitos al uso de métodos innovadores (en particular, al papel de las delaciones premiadas) que permitieron a los tribunales actuar con rapidez. Ellos citan las 1.450 órdenes de aprehensión, 179 demandas penales y 174 penas de prisión resultantes de esta innovación. Sin embargo, la filtración de diálogos de un aplicativo de mensajería reveló que, en lugar de seguir el debido proceso legal, el entonces juez Moro usó el aplicativo como un canal para comunicarse con el equipo de la fiscalía y desarrollar estrategias que le permitieran decidir qué cargos deberían recaer en contra del expresidente Lula. El día 9 de febrero, la Corte Suprema otorgó al equipo de abogados de defensa de Lula da Silva el acceso a las filtraciones.

Si bien se sabe desde hace tiempo que Moro condenó a Lula da Silva por actos indeterminados y con base en acusaciones laxas, ahora sabemos que el mismo Moro ayudó a montar la acusación contra Lula da Silva, violando así el principio legal del sistema judicial brasileño, que determina que el juez no puede ser, al mismo tiempo, una de las partes, con interés en el juzgado.

Cuando los abogados de Lula da Silva se quejaron de que la Operación Lava Jato los había espiado ilegalmente, Moro y los fiscales declararon que eso había sido tan solo un error. Sin embargo, hoy sabemos que los fiscales fueron informados periódicamente por agentes de la Policía Federal, responsables por las escuchas telefónicas de los abogados de defensa, y eso fue lo que ayudó a la fiscalía a diseñar sus estrategias, las que llevarían a la condena de Lula da Silva.

Moro se jactó del dinero que él regresó a las arcas públicas, pero no mencionó que la mitad del valor de las multas que el Departamento de Justicia de Estados Unidos impuso a Petrobras y Odebrecht fue entregado a una fundación de derecho privado dirigida por los fiscales y directores de ONGs. Al hacerlo, los fiscales faltaron al respeto a la Constitución Federal de Brasil, ya que estos fondos obtenidos en operaciones del poder judicial deberían haber sido asignadas al presupuesto público. Como resultado, la Corte Suprema suspendió el registro de dicha ONG en 2019.

Pasará mucho tiempo hasta que aparezcan todos los detalles de la operación, pero lo que sí sabemos es que, para combatir la corrupción, nuestro héroe Moro utilizó métodos que violan flagrantemente el estado de derecho. Como recompensa, se le otorgó el cargo de Ministro de Justicia y Seguridad Pública de Bolsonaro.

Esto no significa necesariamente que no exista una forma eficaz de luchar contra la corrupción. De hecho, hay mucho que podemos aprender de la experiencia brasileña.

Durante los períodos presidenciales de Lula da Silva, el sistema judicial brasileño atravesó un profundo proceso de reforma que aumentó el financiamiento y los recursos para este fin, creó jurisdicciones específicas para combatir el lavado de dinero y aumentó la cooperación entre agencias para rastrear dinero y cazar criminales de cuello blanco.

Moro y los integrantes de la investigación fueron capacitados para actuar con decisión y obtener resultados; todo esto molestó a Bolsonaro, quien hizo todo lo posible para revertir estas políticas. El problema es que Moro y los fiscales subvirtieron estos avances institucionales, y actuaron con independencia del poder público, al transformar un grupo de trabajo que debería haber sido simple y de corta duración en una entidad permanente, por encima de la ley y al servicio de un objetivo político y que, inicialmente, contaba con el apoyo de los tribunales superiores.

Moro, quien renunció a su cargo ministerial en abril de 2020, ha dejado claro durante su periodo como juez en el Poder Judicial y como ministro en el Poder Ejecutivo que, al igual que su exjefe Bolsonaro, él cree que la democracia y el estado de derecho se pueden dejar a un lado en nombre de una supuesta lucha contra la corrupción. Esta afirmación se puede criticar actualmente, cuando Moro, metido en un claro conflicto de intereses, trabaja para un bufete de abogados contratado por la empresa Odebrecht.

Para acabar con la relación promiscua entre dinero y política, un problema de fondo que era señalado por la operación como su principal logro, no basta con juzgar y arrestar. Las empresas quebraron y el país se encuentra en un torbellino y, así mismo, aún después de cientos de arrestos, la corrupción no ha disminuido.

La democracia brasileña está en riesgo. Para cambiar eso, es necesario actuar más allá de la acusación e instituir una verdadera reforma política que pueda ayudar a resolver el problema desde su raíz, atacando el financiamiento ilícito de campañas políticas. También es necesario introducir instrumentos de rendición de cuentas más efectivos en el sistema judicial, a fin de evitar casos como el operativo Lava Jato, que contó con amparo institucional aún después de que se evidenció que se habían cometido delitos desde las primeras etapas de la investigación.

La operación Lava Jato ha terminado, pero su historia aún no se ha contado por completo. Para que Brasil enfrente sus múltiples crisis, para atacar realmente la corrupción y superar esta distopía, es necesario que se haga una reevaluación crítica de dicha investigación.

Gaspard Estrada (@Gaspard_Estrada) es el director ejecutivo del Observatorio Político para América Latina y el Caribe de Sciences Po en París.

NY Times | Traducido por Cristina Gomes.