Lula habla sobre la colaboración entre el FBI y la operación Lava Jato: “El objetivo era la Petrobras”
Los fiscales y miembros de la Policía Federal vinculados a la operación Lava Jato cooperaron ilegalmente con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y con el FBI, como lo revelaron los diálogos publicados ayer y hoy (2) por la Agencia Pública, en dos reportages más de la serie sobre #VazaJato.
Los reportajes revelan que, en la última década, el FBI cambió su enfoque y ha dirigido sus operaciones hacia las investigaciones sobre corrupción y lavado de dinero en territorios fuera de los Estados Unidos, tomando como base la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
El período coincide con el desarrollo de la operación Lava Jato en Brasil y con la llegada de por lo menos 13 agentes del FBI, que se dividen entre “figuras públicas” y otras “casi anónimas”, para actuar en la operación en suelo brasileño, según informa la Agencia Pública. El año pasado, el FBI incluso abrió una oficina exclusiva para investigaciones en América del Sur.
Los archivos publicados muestran indicios de que había una proximidad y colaboración ilegal entre el Departamento Federal de Investigaciones de los Estados Unidos y los miembros de Lava Jato, por lo menos desde el año 2015.
En uno de los grupos en Telegram, los fiscales hablaron sobre una solicitud al FBI de una cooperación técnica informal para tener acceso al archivo cifrado My Web Day, un software utilizado por Odebrecht. En el chat, el abogado Paulo Roberto Galvão argumentó que sería mejor obtener una solicitud directa junto al FBI, una vez que el departamento estadounidense tendría “pleno conocimiento de las investigaciones”, a diferencia de las autoridades brasileñas.
En otro chat privado, Vladimir Aras, el entonces jefe de la Secretaría de Cooperación Internacional de la Oficina del Fiscal General, señala la ilegalidad de una solicitud de extradición que había sido hecha directamente al FBI por parte de Deltan Dallagnol, el coordinador del grupo de trabajo de Lava Jato. “El problema no es de conveniencia, Deltan, es de legalidad. El tratado tiene la fuerza de ley federal ordinaria y asigna esta intermediación al Ministerio de Justicia ”, argumentó Aras.
Aras se refiere al acuerdo bilateral de asistencia legal firmado entre Brasil y Estados Unidos en 2001, cuyo texto establece que las comunicaciones en materia penal deben llevarse a cabo a través de una autoridad central designada por cada país. En el caso de Brasil, esta autoridad es el Ministerio de Justicia.
Al comentar sobre estos reportages, el ex presidente Lula declaró que el objetivo de la colaboración ilegal era la Petrobras y el pre-sal brasileño*, y que la colaboración entre el FBI y Lava Jato ya había sido señalada por el ex presidente y por sus abogados.
“Nosotros hemos denunciado desde hace años la participación del Departamento de Justicia de los EE. UU. en la operación Lava Jato. Señalamos hechos concretos, que nos decían ser una teoría de la conspiración. Ahora esto está viniendo a la luz.“
“El objetivo era Petrobras. Fue el Pre-Sal. Además, las compañías brasileñas de construcción estaban ganando licitaciones para realizar obras públicas en el Medio Oriente, y las compañías estadounidenses quedaban en segundo lugar. Algún día esta historia se contará en toda su verdad.”
De hecho, la Agencia Pública informó, según los reportages, que hubo el pago de una multa de US $ 1,78 mil millones por parte de Petrobras al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Uno de los símbolos de la soberanía nacional y polo tecnológico brasileño, la Petrobras redujo significativamente sus inversiones después del comienzo de Lava Jato, en 2014.
Con información de la Agencia Pública (aquí y aquí) y UOL | Traducido por Cristina Gomes.
*El Presal es un enorme conjunto de reservas de petróleo en aguas profundas, bajo la camada de sal, que fueron descubiertas durante el gobierno de Lula.
