18 de agosto de 2018

El comunicado divulgado hoy por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, exigiendo respeto a los derechos políticos del presidente Lula, incluso el de disputar libremente las elecciones, tiene que ser obedecido a la luz de los tratados internacionales firmados por Brasil y a la luz de nuestra legislación.

A 16 de junio de 2009, el Congreso Nacional incorporó a nuestras leyes, por medio del Decreto Legislativo 311, el Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Civiles de la ONU. Desde entonces, lo que es determinado por el Comité de Derechos Humanos vale obligatoriamente en Brasil.

Es con indignación, por lo tanto, que recibimos manifestación del ministro de Justicia del gobierno golpista de que habría “interferencia indebida” de la ONU. No se trata de interferencia, sino de una decisión soberana que tenemos la obligación de cumplir. Es vergonzoso para Brasil este ministro acusar al más alto organismo de Derechos Humanos del mundo de hacer complots políticos.

Es con indignación también que recibimos la nota de Itamaraty afirmando, falsamente, que “las conclusiones del Comité tienen carácter de recomendación y no tienen efecto jurídicamente vinculante”. Es más un embarazo internacional de la política exterior del gobierno golpista.

Desde septiembre de 2016 el Comité de la ONU, con sede en Ginebra, analiza la petición de los abogados de Lula sobre la persecución judicial de que él ha sido víctima: las arbitrariedades de la Policía Federal y del Ministerio Público de la Operación Lava Jato, el cercenamiento de la defensa, las interceptaciones telefónicas ilegales, las delaciones falsas, la condena de Lula por “actos indeterminados” en las sentencias de Sérgio Moro y del TRF-4 y una serie de otras violencias a los derechos humanos.

Después de largo examen, y de escuchar dos veces los argumentos del gobierno brasileño, el Comité decidió hoy que los derechos políticos de Lula están amenazados, y que él no puede ser impedido de disputar las elecciones y de tener amplio acceso a los medios mientras no haya sentencia final “en un juicio justo”.

Todo lo que Lula siempre exigió, desde el inicio de la odiosa campaña contra él, fue eso: un juicio justo. Infelizmente, para la imagen de Brasil en el mundo, fue necesario recurrir a la más alta corte de Derechos Humanos para que ese derecho fuera finalmente reconocido.

No hay como esconder del mundo las violencias que vienen siendo practicadas en Brasil por sectores del Poder Judicial en complicidad con la Rede Globo, los grandes medios y el gobierno golpista. O cumplen la decisión de la ONU o juegan de una vez a Brasil en la lista de naciones sin ley y sin democracia.

Brasilia, 17 de agosto de 2018

Gleisi Hoffmann
Presidenta nacional del Partido de los Trabajadores