Hay más ilegalidades en la nueva denuncia contra Lula que en todas las otras; entienda

“La historia se repite, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa”. La célebre frase de Karl Marx ganó contornos de actualidad el último día 14, cuando la fuerza tarea de la operación Lava Jato de Curitiba ejerció su cuarta acción penal en contra de Luiz Inácio Lula da Silva, por supuestos pagos de soborno de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a esta empresa en contratos públicos.

Eso porque la denuncia repite las ilegalidades e imposibilidades procesuales constantes en las anteriores, lo que ya es considerado una tragedia. Pero no sólo copia la formulación ilegal: reproduce las acusaciones ya presentadas y rechazadas por la Justicia, como si fuera un hecho nuevo, para justificar un nuevo proceso.

La denuncia, de 121 páginas, está aquí. Y es casi tan caudalosa como la primera de la serie, que tenía 149 páginas, de 2016, inmortalizada en la presentación PowerPoint de Deltan Dallagnol. En 85 de las 121 páginas, los asuntos tratados no son relativos al supuesto crimen por el que se le denuncia: lavado de dinero por medio de donaciones fraudulentas de la Odebrecht al Instituto Lula.

En estas páginas, los fiscales de la Lava Jato repiten todo el contenido del PowerPoint de 2016, pero de manera extendida. Discurren sobre la teoría de que Lula era el jefe de un esquema criminal que defraudaba contratos públicos perjudiciales a la Unión a cambio de ventajas recibidas en dinero o bienes patrimoniales, para él mismo, aliados, campañas electorales o partido político.

Siendo la teoría de Lava Jato respaldada por la realidad o no, de hecho lo que debe constar en una denuncia para que la Justicia la pueda acatar es algo mucho más simple: la descripción de un acto criminal, la atribución de su autoría a alguién y las pruebas de que el delito en cuestión fue cometido por el acusado que se le apunta. Eso, así como la difamación acusatoria de 2016, no lo aporta la nueva denuncia.

La incuestionable ausencia de pruebas de la denuncia
He aquí el crimen que el Ministerio Público de Paraná intenta denunciar: la empresa Odebrecht, entre diciembre de 2013 y marzo de 2014, realizó cuatro donaciones, con un valor importe de R$1 millón reales cada una, al Instituto Lula. En realidad, sin embargo, dicen los acusadores, no fue la intención de la constructora donar estos valores al instituto. Se trataba de un pago de soborno al ex presidente, disfrazado de donación a su instituto, a cambio de favorecimientos que Lula habría garantizado a la empresa en contratos públicos mientras él era presidente de la República.

De início, para aceptar la lógica de la denuncia, se hace necesario creer que Lula favoreció a Odebrecht mientras era presidente, pero, por algún motivo, aceptó, en el regateo en lo cual se habría involucrado, que el soborno por su actuación en el esquema solo fuera pagada cuatro años después de haber dejado la Presidencia de la República.

Entonces, según la lógica de la Lava Jato, entre 2010 y 2014, Lula habría esperado pacientemente hasta que la constructora lo pagase por los favores hace años concretados. En ese punto, hay una ventaja en relación con la denuncia del triplex: al menos el soborno habría llegado a Lula a través de su instituto, y no por medio de un inmueble en Guarujá (ciudad costera de Brasil cerca de San Pablo), del cual jamás fue propietario o disfrutó, y del cual ni la constructora que estaría pagando el soborno era dueña, sino sus acreedores judiciales.

Después, los fiscales han de enfrentarse a dos otros hechos que no corroboran su tesis: el primer es que todas las donaciones fueron hechas públicamente y de acuerdo con el ordenamiento normativo en vigor en el país, cumpliendo todas las reglas contables, tributarias y comerciales vigentes, constantes en declaraciones de renta, balances financieros e informes a la Secretaría de Ingresos Federales.

El segundo es de que los importes donados en nada difieren, en escala y procedimientos, de muchas otras donaciones idóneas de ese tipo, hechas por otras empresas al mismo Instituto Lula. Y también en nada difieren en procedimiento o importes de donaciones que estas mismas empresas ya hicieron a entidades similares de mantenimiento del acervo histórico presidencial, como el Instituto Fernando Henrique Cardoso o el Instituto Obama, en los Estados Unidos.

La cuestión, incluso, ya fue evaluada por la Justicia en una acción penal anterior, propuesta por el mismo Ministerio Público de Paraná contra los mismos acusados, teniendo como base a otra empresa y otra donación. Por eso la farsa, la denuncia intenta hacer juzgar algo que ya fue juzgado, según explica al Brasil de Fato el abogado Fernando Fernandes, que representa Paulo Okamotto.

“No hay diferencia entre estas donaciones y otras ya realizadas por Odebrecht, por OAS o cualquier empresa, sobre las cuales la Justicia ya se posicionó: no constituyen lavado de dinero. El asunto ya fue objeto de acción anterior, y Paulo Okamotto ya fue absuelto de la acusación”.

Es decir: en principio, nada en las operaciones de donación hacen creer que hayan sido un encubrimiento del crimen de lavado de dinero. A primera vista, son transacciones legales, corrientes y no sospechas.

De cualquier manera, el Ministerio Público bien podría demostrar el ánimo criminal que había movido las donaciones, si hubiese habido alguna. Para que eso ocurra, necesitaría dejar claro y probado:

a) Cuál fue el favor que Lula ofreció a cambio del soborno disfrazado de donación.

b) Por qué las donaciones, en realidad, no son donaciones sino pagos de soborno.

La tarea, como vemos, no es fácil, pero no sería imposible. Los fiscales tienen a su disposición una serie de herramientas legales para alcanzar la materialidad de los hechos criminales. Una prueba podría ser, por ejemplo, una escucha telefónica en la fecha y horario autorizados por la Justicia en la que Lula o algún asesor se ponde de acuerdo con algún ejecutivo de la constructora en éste o en aquel contrato con la Unión a cambio de donaciones – en unos cuatro años – a su instituto.

El problema, y ahí reside la repetición, es que los fiscales nuevamente acusan a Lula (y también al presidente del Instituto, Paulo Okamotto) sin cualquier prueba. Difícil de creer, pero la denuncia es la propia prueba de lo que se afirma.

A lo largo de las 121 páginas del documento de MPF, no figura ni siquiera una evidencia que sostenga la tesis acusatoria. No hay ninguna grabación de intercepción telefónica, mensaje de texto, ningún intercambio de correo, documento fraudado, depósito bancario, una foto de maletas intercambiadas, apartamento con millones de reales brasileños dentro, un testigo, nada.

El simulacro de sustentación de la tesis de Lava Jato ocurre a través de acuerdos que incluyen delaciones de ejecutivos y políticos quienes efectivamente confesaron y fueron condenados por haber pagado o recibido sobornos millonarios desfavorables a la Unión – en el caso, Marcelo Odebrecht y Antonio Palocci.

El problema – de ésta y otras acusaciones de Lava Jato en contra de Lula – es que los acusados que firman acuerdos delatorios no son testigos. Su palabra no tiene valor de prueba testimonial, mucho menos pericial o documental.

Pero es solo así que el MPF (Ministerio Público Federal), infringiendo la ley, sostiene su acusación. Solo así, aunque la ley que crea el instituto del acuerdo delatorio (12.850/2013) sea clara al afirmar, en su 16º parágrafo del artículo 4º:

“§ 16. Ninguna sentencia condenatoria será proferida con fundamento solo en las declaraciones del agente colaborador.” La razón para la existencia de tal normal es evidente. Si no fuera así, cualquier individuo que incurra en acciones delictivas podría, para librarse de la consecuencia penal de sus hechos, crear las historias y acusaciones que bien entendiera y bien interesara a los fiscales, librándose en parte o en todo de las deudas que tienen con la Justicia. Por eso, la delación solo vale si está acompañada con pruebas.

Aún así, el Ministerio Público Federal sostiene la tesis de que Lula, con la ayuda de Okamotto, lavó dinero de soborno por medio de donaciones declaradas y contabilizadas basándose únicamente en delaciones de reos confesos, que obtuvieron ventajas judiciales cedidas por el propio MPF para las firmar.

Sería sorprendente si fuera la primera vez. Pero no lo es, se trata del mismo proceso utilizado por Lava Jato para denunciar a Lula en el caso del triplex. Junto a Sergio Moro y los jueces del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), obtuvieron la condena en la primera instancia, constituyendo tal acción un vejamen de Brasil ante la comunidad judicial internacional.

El abogado Cristiano Zanin, que representa al ex presidente Lula en las acciones de Lava Jato, sintetiza la cuestión:

“Esta nueva denuncia repite la misma formulación de las anteriores. Es una denuncia sin cualquier materialidad, que intenta convertir cuatro donaciones lícitas para el Instituto Lula, documentadas, contabilizadas y declaradas, en donaciones disimuladas e ilícitas. Es otro gran absurdo. El único amparo de esa nueva acusación, para variar, son las delaciones, principalmente la delación de Antonio Palocci”.

Brasil de Fato | Edición: Rodrigo Durão | Revisión: César Ortega, Colectivo Regina de Sena México-Brasil contra el golpe.