2 de octubre de 2020
La jueza Gabriela Hardt, de la 13 Sala Federal Criminal de Curitiba, reconoció, en una sentencia proferida el 24 de septiembre, que no hubo ilegalidades relacionadas con las charlas de Lula da Silva. Foto: Rodolfo Buhrer/La Imagem/Fotoarena/Folhapress

La jueza Gabriela Hardt, quien reemplazó a Sergio Moro en la 13 Sala Federal Criminal de Curitiba, reconoció en una sentencia proferida este 24 de septiembre la legalidad de las 23 charlas del ex presidente Lula da Silva, dadas a constructoras investigadas en la Lava Jato. La fuerza tarea también reconoció la “falta de pruebas suficientes” de crimen con relación al ex presidente.

“No hubo comprobación de que los importes bloqueados son ilegales. Se debe presumir su legalidad”, afirmó Hardt en la decisión. La jueza entonces autorizó la liberación de la mitad de los R$ 9,3 millones que estaban bloqueados en la cuenta del ex presidente.

La información fue publicada este viernes 2 de octubre por la revista Veja.

“La justificativa para mantenerse el bloqueo de la totalidad de los activos financieros de Luiz Inácio Lula da Silva se basaba en la sospecha de actos de crímenes involucrando las charlas del ex presidente. Todavía, la autoridad policial concluyó no haber indicios en este sentido, con lo que se puso de acuerdo el Ministerio Público Federal. Por eso, el bloqueo total de dichos importes no se sustenta”, dijo Hardt.

Lula da Silva hizo comentarios sobre el reportaje de Veja en las redes sociales, destacando los años de persecución en su contra y también en contra del Partido de los Trabajadores. “Hasta la revista Veja tuvo que admitir después de 5 años de mentiras”, afirmó. “Cuando dejé la presidencia yo creí que tendría paz. Pero ellos han convertido mi vida en un infierno. Todo porque los pobres pudieron viajar en avión y los ricos se asustaron por eso”, continuó en otro tuit.

A lo largo de los cinco años de investigaciones en contra del ex presidente la Lava Jato en Curitiba recibió una investigación secreta sobre Lula antes mismo de oficializar un pedido para tener el acceso. Según un reportaje de Intercept Brasil, el caso ocurrió en 2016, algunas semanas antes de la conducción coercitiva de Lula da Silva.

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