21 de octubre de 2020
Diego García-Sayán, relator especial sobre la independencia de jueces y abogados. Foto: ONU/Jean-Marc Ferre

El relator especial de la ONU sobre la independencia de los jueces y abogados criticó este miércoles las acciones intimidatorias que han sufrido los letrados que defienden al ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

En un comunicado, Diego García-Sayán llamó al gobierno de ese país a garantizar que sus tribunales traten con igualdad a todas las personas que se presenten ante ellos.

Los abogados Roberto Teixeira y Cristiano Zanin Martins son defensores de Lula da Silva en la investigación por cargos de corrupción del caso conocido como “Autolavado”. Ambos profesionales han debido afrontar órdenes de “búsqueda y decomiso” expedidas por un juez federal contra sus oficinas. La casa de Martins también fue allanada, al igual que los despachos de otros abogados y compañías legales relacionadas con las pequisas del caso.

“Los abogados no deben ser atacados por servir los intereses de sus defendidos”, recalcó el experto y recordó que todas las personas tienen el derecho a ser representadas.

Asimismo, subrayó que los abogados no deben ser identificados con sus clientes ni con las causas por las que sus clientes se encuentren en proceso.

“Estoy alarmado por la aparente estrategia de ciertos fiscales y jueces para intimidar a los abogados por hacer su trabajo, especialmente cuando defienden a figuras políticas”, dijo el relator.

Agregó que la manera en que la policía llevó a cabo los allanamientos, a la vista de los periodistas que habían sido alertados, “parece ser parte de una estrategia para desacreditar a los abogados frente a sus colegas, clientes y público en general”.

Cargos criminales y congelamiento de cuentas
El mismo día de la ejecución de las órdenes, el fiscal del caso “Autolavado” presentó cargos criminales contra Martins y Teixeira. Al día siguiente, el juez emisor de las órdenes, Marcelo Bretas, congeló las cuentas bancarias de los dos abogados, así como las de sus bufetes. La Corte Suprema Federal revisa la legalidad de las operaciones de búsqueda y los procedimientos legales.

García-Sayán instó a las autoridades brasileñas a “adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar que los abogados puedan desempeñar su trabajo sin intimidaciones, impedimentos, acoso o interferencias inadecuadas”.

El experto también enfatizó la necesidad de que los jueces sean imparciales y mencionó las presuntas conexiones del juez Breta con autoridades políticas, entre las que se contaría el presidente Jair Bolsonaro.

Destacó, asimismo, de que el 17 de septiembre el órgano especial de una corte regional federal falló por 12 votos contra uno que el “apoyo abierto” del juez Breta al actual presidente brasileño era incompatible con sus obligaciones profesionales. Informó también que la Barra de Abogados de Brasil ha iniciado un procedimiento disciplinario contra el juez por sus vínculos con el mandatario.

“Los jueces no deben colocarse en situaciones en las que su independencia o imparcialidad puedan ser cuestionadas. Para mantener la confianza del público en el sistema judicial es necesario que los jueces eviten cualquier actividad política que pueda comprometer su independencia o arriesgar su imparcialidad”, puntualizó el relator especial, y afirmó que la imparcialidad es esencial para el buen funcionamiento de las oficinas judiciales.

García-Sayán planteó sus preocupaciones al gobierno de Brasil en una carta y éste le respondió que la misiva fue remitida a las autoridades competentes.

Los relatores especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

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